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Hoy, el gobernador Josh Stein se dirigió a la Comisión del Gobernador contra el Delito (GCC) para discutir las prioridades que su administración desea que este organismo asesor, compuesto por 44 miembros, aborde en el próximo año.

"Proteger a la población de Carolina del Norte es la tarea número uno. Agradezco estar en el mismo equipo que estos miembros integrantes de la Comisión del Gobernador contra el Delito donde trabajamos juntos para construir una Carolina del Norte más segura y fuerte", expresó el gobernador Stein. "Al prestar su servicio en la Comisión, estos miembros se han dedicado a mejorar la seguridad pública, a reducir y prevenir el delito y a mejorar el sistema de justicia penal".

Las prioridades incluyen explorar programas para mejorar el reclutamiento, capacitación y retención de personal en las fuerzas del orden público, consejeros juveniles y oficiales correccionales; apoyar iniciativas basadas en evidencias para prevenir la violencia, incluyendo programas comunitarios de intervención; y eliminar barreras que impidan la reintegración exitosa tras el encarcelamiento.

"Gustosamente espero trabajar con el gobernador Stein y la Comisión en el avance de estas prioridades", dijo Eddie M. Buffaloe, Jr., secretario del Departamento de Seguridad Pública. "Este enfoque nos ayudará a dar forma a las iniciativas en curso de prevención de la violencia, mejorar los resultados de reintegración y reclutar a los mejores talentos para que presten su servicio en nuestras agencias del orden público, en nuestras instalaciones de justicia juvenil y en correccionales".

La reunión tuvo lugar en el Centro de Justicia Comunitaria en Wilmington. El ex fiscal Ben David lideró su desarrollo para ofrecer servicios integrales a víctimas de delitos como violencia doméstica y agresión sexual.

La GCC actúa como principal órgano asesor sobre crimen y justicia penal para el Gobernador y el Secretario del Departamento de Seguridad Pública (NCDPS). La comisión establece prioridades programáticas, revisa propuestas y recomienda al gobernador sobre subvenciones.

Sus miembros incluyen líderes estatales de justicia penal, servicios humanos, representantes judiciales, fuerzas del orden público, gobiernos locales, Asamblea General, organizaciones sin fines lucrativos, ciudadanos privados y jóvenes.